El grupo local de Ciudadanos Grado, ha manifestado su “total rechazo al convenio  aprobado por el Pleno del Ayuntamiento mediante el cual el Consistorio se compromete a facilitar “informes y trámites de forma favorable” a cambio de 225.000 euros.

Se trata del Convenio Urbanístico alcanzado con la empresa privada Saltos del Navia Distribución C.B., por parte del gobierno municipal de IU, para la construcción de una subestación eléctrica en Valdés, parroquia de Santa Maria y en las inmediaciones de la subestación de REE.

“Las subestaciones eléctricas y las líneas de alta tensión son infraestructuras contaminantes y molestas”, que benefician poco a los ciudadanos y sus hábitats residenciales, y cuya ubicación debe estar en zonas apartadas de los núcleos de población y donde su impacto sea mínimo.

Desde Cs Grado no entramos a valorar la anterior subestación, que siguió el mismo procedimiento (convenio urbanístico) y que tuvo un gran rechazo; pero si manifestamos que la ubicación de la subestación que ahora se pretende, para nada es adecuada. Animamos a los vecinos a conocer el “Estudio de Impacto Ambiental, Subestación Grado 132 kV” que la empresa Saltos del Navia C.B. realizó en Abril/2016.

La formación naranja también se muestra critica con que el gobierno municipal no obligue a tramitar la licencia como corresponde, siguiendo la normativa que se marca para las actividades molestas y contaminantes y estar a lo dispuesto en el PGOU de Grado aprobado en el año 2009 y publicado en el BOPA el 14 de noviembre de 2012.

El planeamiento municipal de Grado es el Plan General de Ordenación del Concejo y según el mismo, la zona de ocupación de la actuación proyectada se localiza sobre un suelo clasificado como Suelo No Urbanizable, cuya calificación es de Interés Agrario Grado 2.

Desde Ciudadanos “apostamos por otras formas respetuosas de las normativas y las leyes. Hay que tratar a todos de forma igual y si la empresa Saltos del Navia Distribución CB tiene derecho a esa obra y actividad que le sea concedida, pero con el mismo tratamiento administrativo que cualquier otra iniciativa privada. Y si no cumple la normativa y la ley, no se debería consentir una licencia de obra y una licencia de actividad por 225.000 euros”.

Lamentamos que el futuro de esa zona, se convierta en un laberinto de torres, transformadores y cables porque IU lo quiera.