• Pérez Carcedo cree necesario asegurar el buen estado y la debida conservación de estos inmuebles para evitar tragedias como la del colegio San Vicente

Gijón, 10 de enero de 2022. El concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, planteará en la próxima comisión de Urbanismo la necesidad de extender la Inspección Técnica de Edificios a aquellos que tengan más de 50 años y que alberguen equipamientos tanto públicos como privados, ya que en la actualidad, de acuerdo a la normativa tanto nacional como autonómica, estarían exentos de esta inspección al no albergar uso residencial, “una carencia normativa que no se entiende a qué responde puesto que en estos edificios suelen encontrarse muchas más personas que en los residenciales”

En este sentido, detalló que, según los datos del catastro, habría unos 170 edificios en todo el municipio que tendrían más de cincuenta años y que acogerían diferentes equipamientos en su mayoría de carácter público, entre los que destacarían los 55 edificios de uso religioso, los 50 que tendrían usos culturales (en los que se incluyen los educativos), y los 32 vinculados a la sanidad y la beneficencia, según la clasificación de usos que hace el propio catastro. “Edificios que ahora mismo estarían exentos de una inspección y de unos controles que sí se obliga a los residenciales”, recordó instando a aprender de lo ocurrido y adoptar medidas para evitar que vuelva a suceder.

A su juicio, si bien lo deseable sería un cambio normativo a nivel nacional o autonómico que obligue a ello, el Ayuntamiento dispondría ya de instrumentos dentro de su marco competencial para poder actuar y establecer un procedimiento reglado de inspección a aquellos edificios que alberguen equipamientos sin necesidad de esperar a ese cambio normativo. “No debemos olvidar que el Ayuntamiento tiene amplias competencias en materia urbanística y, muy especialmente, tiene la obligación de vigilar que los propietarios cumplen con su deber de conservación de los edificios para garantizar, entre otras cuestiones, la seguridad”, señaló.

“Creemos que las administraciones públicas deben asegurar la seguridad de aquellos edificios en los que se prestan servicios de carácter colectivo con independencia de su titularidad, solo así se podrá evitar a futuro que vuelvan suceder tragedias como la ocurrida estos días y cuyas consecuencias, ya dramáticas, podrían haber sido mucho mayores”, concluyó.