Avilés, viernes 3 de diciembre de 2021. El grupo municipal de Ciudadanos presentará en el próximo pleno de diciembre una moción para instar al ejecutivo nacional a garantizar los derechos y condiciones laborales de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el desempeño de su actividad profesional, que se van a ver afectados por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende el Gobierno central.
El portavoz de Ciudadanos, Javier Vidal, califica la modificación del texto legal como “una vulneración de los derechos de los agentes, y también de la propia ciudadanía, puesto que atenta contra reglas básicas y preeminentes en el ordenamiento jurídico como son los Derechos Fundamentales”. Además, cree que “pone en riesgo el orden en nuestras calles y la seguridad de los propios agentes”, ya que la nueva norma de Seguridad Ciudadana permite la toma de imágenes a los policías en lugares de tránsito público y manifestaciones, que hasta ahora constituían una infracción. También rebaja la presunción de veracidad de los agentes y reduce el tiempo de identificación a aquellas personas que se nieguen a hacerlo, lo que está generando un gran rechazo por parte de los sindicatos y asociaciones policiales.
La otra moción que defenderá Ciudadanos en el pleno del próximo 17 de diciembre será también para instar al gobierno de España a rectificar la subida de las bases mínimas de la cotización de los autónomos prevista para 2022 por ser lesivas en la coyuntura actual y para ampliar la tarifa plana hasta los 24 meses para todas las personas que se den de alta como autónomos, como medida para incentivar la creación de empleo y el emprendimiento innovador.
La edil de Ciudadanos, Sharon Calderón-Gordo, explica que la subida prevista en la cuota de autónomos a partir de enero supondrá entre 96 y casi 400€ al año, dependiendo de si cotiza por la base mínima o por la máxima. “Emprender hoy en España es, en comparación con otros países de Europa, un camino complicado y poco atractivo. Los autónomos no son merecedores de este nuevo desprecio y sablazo que el gobierno de la nación ha implantado, y menos cuando esta medida se ha hecho por primera vez en 15 años sin consulta previa con los agentes sociales”.