El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, se ha lamentado que todavía no haya comenzando la tramitación de la Ordenanza de Accesibilidad Universal, a pesar de que su elaboración fue aprobada por el Pleno Municipal a propuesta de Ciudadanos en enero de 2016.

“Le dimos al Equipo de Gobierno seis meses para su elaboración, se le dio un borrador elaborado por el CERMI, y casi dos años después todavía no se ha comenzado con su tramitación formal en el Ayuntamiento, algo que, como mínimo, llevaría tres meses”, explicó Fernández Sarasola.

En este sentido, recordó que la elaboración de esta Ordenanza responde a poder cumplir con las previsiones establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que establece el próximo 4 de diciembre como fecha máxima para que sean accesibles la totalidad de bienes y servicios a disposición del público, todo el espacio público urbanizado y la totalidad de las edificaciones.

“Sin esta ordenanza es prácticamente imposible cumplir en Gijón con esta previsión legal, de ahí que llevemos tiempo insistiéndole al Gobierno lo importante que era aprobarla antes de esa fecha. Lamentablemente por la falta de interés del Gobierno Local en este asunto ya no cumpliremos”, se lamentó Sarasola.

En todo caso, desde Ciudadanos no se renuncia a que Gijón cuente con esta ordenanza, respondiendo a una demanda histórica de las personas que padecen algún tipo de discapacidad y que tendría como objetivo hacer de nuestra ciudaduna ciudad abierta a todas las personas con discapacidad, sin ningún tipo de exclusión, en todos los ámbitos de su vida diaria, incluyendo el deporte, el ocio y la cultura, así como garantizar que los proyectos relativos a la urbanización y edificación reúnen unos requisitos específicos acordes con las necesidades de estas personas.

“Las personas con discapacidad llevan muchos años esperando por esta norma que les garantice sus derechos a nivel municipal, no hay ninguna razón objetiva que explique o justifique su paralización por parte del Equipo de Gobierno. Ya lo hemos reclamado en varias ocasiones y, hasta ahora, todo han sido excusas”, concluyó.