Gijón, 19 de agosto de 2019. El concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, ha denunciado que el Gobierno Local sigue sin elaborar el Plan Estratégico de Subvenciones al que le obliga el artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones, y ha exigido su elaboración como instrumento necesario para una mejora de la gestión de las subvenciones municipales. “Este Gobierno sigue la misma estela que el anterior e incumple la Ley de Subvenciones al no elaborar este plan. Desde Ciudadanos insistimos en su importancia ya que pensamos que una adecuada planificación de las subvenciones, no sólo supone una mejora en su gestión, sino también la aplicación de una serie de principios elementales como el rigor económico, la eficiencia en el uso de los recursos públicos, la transparencia y el control”, señaló Pérez Carcedo, recordando además que la Sindicatura de Cuentas ya advirtió al Ayuntamiento en reiteradas ocasiones de la obligación legal de contar con este Plan.

Para Ciudadanos es necesario realizar esta planificación para poder establecer unos objetivos a perseguir con las subvenciones municipales, homogeneizar las diferentes bases, evaluar su efectividad y permitir que sus potenciales beneficiarios conozcan con la suficiente antelación la previsión de las diferentes líneas de ayudas o subvenciones, así como sus destinatarios, sus requisitos y los plazos previstos tanto para su solicitud como su resolución. “Esto ayudaría muchísimo sobretodo a las entidades de la ciudad, ya que les posibilitaría a poder conocer al inicio de cada ejercicio las subvenciones a las que pueden optar, cuándo van a salir las diferentes y cuándo se van a resolver, algo que ahora mismo les resulta imposible sumiéndoles en incertidumbres y teniendo que estar permanente pendiente de los boletines oficiales”, añadió.

Por último, señaló que si este Plan de Subvenciones antes era necesario ahora es imprescindible ante la situación de crisis en la que nos hayamos sumidos y que nos obligará a reorientar las subvenciones, ser más eficientes y rigurosos en la gestión del dinero público, incrementar los controles y evaluar el retorno económico y social de cada euro gastado.