• El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha exigido esta mañana la necesidad de controlar el cumplimiento de los contratos del Servicio de Ayuda a Domicilio.

En este sentido, explicó que recientemente su grupo municipal se ha reunido con trabajadoras de este servicio las que les trasladaron una serie incumplimientos e irregularidades en su prestación, lo que ha motivo que vaya a preguntar el próximo lunes en la Comisión de Bienestar por los controles que efectúa la Fundación Municipal de Servicios Sociales para asegurarse el correcto cumplimiento de este contrato.

También preguntará por las comprobaciones efectuadas para garantizar que las empresas adjudicatarias cumplen con todas las mejoras que se habían comprometido a realizar, especialmente en lo que a medios a disposición de las trabajadoras se refiere, ya que hay serias dudas de que realmente se estén cumpliendo, a pesar de que fueron objeto de puntuación a la hora de la adjudicación de este servicio.

Además, reiteró al Gobierno que debe aclarar cuanto antes sus planes para este servicio, si piensa municipalizarlo, aún con todos los informes municipales en contra, o no. A su juicio, deberían ser más responsables y honestos, y decir a las trabajadoras sus verdaderas intenciones, dejándose de dar bandazos, votando primero con Xixón Sí Puede su municipalización para posteriormente prorrogar los contratos con las empresas que en la actualidad prestan este servicio, algo claramente contradictorio con aquella votación y decidido a pesar de tener conocimiento de las quejas de las trabajadoras por supuestos incumplimiento.

Así, para Sarasola, lo único que ha hecho el Gobierno es que todo siga hasta ahora, y recordó que su Grupo lleva tiempo insistiendo en la necesidad de realizar una nueva licitación de este servicio en la que el precio no sea el criterio determinante e incluyendo clausulas para mejorar su calidad y las condiciones laborales en las que se presta. Es, para Ciudadanos, la única solución viable para corregir las deficiencias detectadas en la prestación del servicio, ya que tanto los informes municipales reflejan la inviabilidad económica y jurídica de su municipalización.