El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, solicitará en la próxima Comisión de Hacienda la elaboración de un informe por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento para ver si tiene que devolver de oficio el IBI recaudado en los últimos y a cuánto ascendería dicha devolución.

“Nos podríamos encontrar ante el primer perjuicio económico directo hacia el Ayuntamiento derivado la anulación de los Planes Generales de 2005 y 2011. Desde Ciudadanos creemos que es necesario saber, cuanto antes, el criterio de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y conocer de cuánto dinero estaríamos hablando”, afirmó Sarasola.

En este sentido, explicó que los vecinos llevan desde el año 2005 pagando IBI urbano por los terrenos que el PGO aprobado ese año fueron calificados como urbanizables, sin embargo debido a que tanto este plan como el de 2011 fueron anulados, estos terrenos pasan a tener de nuevo la calificación de no urbanizables y por lo tanto tributar como fincas rústicas.

“El Ayuntamiento no notificó al catastro estas anulaciones hasta la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado, por lo tanto se siguió cobrando un IBI que no correspondía a pesar de que había ya sentencias que anulaban los Planes”, añadió.

Además recordó que, aunque se apruebe el nuevo PGO, excepto en los núcleos rurales, la situación seguiría igual ya que no contempla ninguno de los urbanizables excepto el de Cabueñes y que hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo que dictamina que no se podrá cobrar IBI como terreno urbano a fincas que tengan la calificación de urbanizable hasta que no se hayan dado pasos hacia su urbanización efectiva como la aprobación de los planes parciales o especiales que desarrollan el PGO.

“Habrá que esperar a ver que dictaminan los servicios jurídicos del Ayuntamiento, pero mucho nos tememos que el Ayuntamiento tenga que afrontar estas devoluciones bien de oficio o bien a instancia de los tribunales, lo que, en todo caso, acarreará importantes consecuencias económicas negativas para las arcas municipales. Una vez más pagaremos el conjunto de gijoneses sin que ningún responsable político haya asumido ningún tipo de responsabilidad por la nulidad de los dos Planes Generales”, concluyó.