El diputado por Asturias en el Congreso, Ignacio Prendes, celebró un encuentro con jóvenes en Oviedo en el que hablaron sobre corrupción, regeneración democrática y la necesidad de reformar la ley electoral española.
Ante los presentes, varias decenas de personas, Prendes destacó la labor de Ciudadanos en la lucha contra la corrupción en todo el país, logrando el procesamiento de los ex presidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la eliminación del aforamiento para los políticos de dicha comunidad, entre otras medidas. “Es muy importante defender a esas personas que, como Ana Garrido, sin tener vinculación política, destapan ese tipo de circunstancias”, subrayó refiriéndose a la funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla que sacó a la luz la trama Gürtel.
Los asistentes, muy participativos, llevaron la conversación a temas locales y discutieron sobre la situación de Villa Magalena. Denunciaron tanto el robo que ha supuesto para los ovetenses como la inacción del tripartito que gobierna el Ayuntamiento (PSOE, Somos e IU) y defendieron la necesidad de proteger a los denunciantes de los casos de corrupción.
Avanzada la tarde el acto abordó la reforma electoral, materia en la que Prendes es experto y defensor de la postura de su partido en la Cámara baja. El diputado naranja recordó el origen de nuestro actual sistema electoral en el Real Decreto-ley 20/1977, todavía con las Cortes de Franco, un sistema que en su momento garantizó la gobernabilidad del Estado pero que ha quedado totalmente desfasado.
Los jóvenes discutieron animadamente con el diputado, rechazando el modelo inglés completamente mayoritario y abogando por el modelo de Alemania, que combina los distritos uninominales con la representación proporcional, combatiendo así el castigo de la ley D’Hondt a los partidos medianos o pequeños.
Prendes finalizó recalcando la necesidad de limitar la permanencia en las instituciones para evitar crear “profesionales de la política” y no impedir que la corrupción, si existe, aflore. En Ciudadanos, los estatutos impiden que pueda volver a presentarse ningún cargo público que ya haya cumplido dos mandatos con responsabilidad de gobierno.